Cuando hay una catástrofe que afecta a un amplio número de ciudadanos, inmediatamente aparece el Gobierno con la bolsa de dinero lista para compensar las pérdidas sufridas. Lo hacen todos los gobiernos, sean del color político que sean, si exceptuamos el caso catalán, cuyos miembros no admiten retrasar las vacaciones así llegue el hedor de los congelados echados a perder por un apagón más allá de Perpiñán.
En el caso de los terribles incendios de Canarias, ZP ha prometido "ayudas sin límites" no sólo para reconstruir las infraestructuras dañadas o repoblar los montes quemados, sino también para subvencionar a quienes hayan perdido su trabajo temporalmente por causa del incendio (¿No está ya para eso el seguro de desempleo?) y, en general, para solucionar los contratiempos económicos que cualquier ciudadano canario haya podido sufrir por causa del fuego. "Será un decreto-ley amplio –ha anunciado ZP–, que contemplará todas las posibilidades de los daños causados, todos los supuestos", incluidos, por tanto, los casos de aquellos beneficiarios que por su nivel de renta o patrimonio no necesiten ese dinero, aunque evidentemente harán todo lo posible por obtenerlo en competencia con el resto de afectados.
Probablemente las compañías aseguradoras habrán recibido la noticia con alborozo, pues es bastante seguro que muchas intentarán evitar hacer frente a sus responsabilidades en los siniestros gracias al maná presidencial. Y en todo caso, no faltará la picaresca de aquellos que pretendan ser compensados dos veces por el mismo daño. Aunque esto no le suele importar a los políticos. Total, el dinero no sale de su bolsillo sino de quienes pagamos impuestos, y eso por no entrar en la doctrina "calvinista" (por la ex ministra "Calvo", aclaro innecesariamente), que decía aquello tan bonito de "el dinero público no es de nadie".
Cuando sucede un hecho trágico como es el caso de un incendio que obliga a las personas a abandonar sus hogares, lo normal es que de forma espontánea se pongan en marcha iniciativas solidarias entre la gente que se considera vinculada a los afectados por razón del territorio o, simplemente, por la empatía natural que las personas tenemos con nuestros semejantes. ¿Por qué sucede cada vez con menos frecuencia? Pues principalmente porque todos pensamos que para eso ya está el Estado, cuyo principal empeño para extender su cuota de poder ha sido siempre expropiar las instituciones naturales de la sociedad civil responsables de activar los mecanismos de solidaridad para con los más necesitados.
Actualmente, el Gobierno de España destina un 53 por ciento de la renta nacional a la llamada "redistribución de riqueza", esto es, a sacar el dinero del bolsillo de unos para meterlo en el de otros. Con una presión fiscal que, según los tramos, llega a límites confiscatorios, lo más natural es que los ciudadanos se inhiban moralmente ante el sufrimiento ajeno para dejar que sea el Gobierno quien resuelva el problema. Si de cada cien euros que usted paga a hacienda, más de cincuenta se destinan a esa función, nadie puede reprocharle que cuando suceda una catástrofe en la otra punta de España no acuda corriendo a su entidad bancaria para hacer una donación voluntaria.
Aunque sea impopular decirlo, el dinero que ZP va a entregar a los afectados por los incendios canarios es un factor más de corrupción moral. Contribuye a que la gente se despreocupe de asegurar su patrimonio ante ciertas eventualidades, incita a la picaresca para rapiñar ayudas aunque uno no las necesite y, en general, desactiva los mecanismos espontáneos de solidaridad en la sociedad civil. Aunque resulte una obviedad decirlo conviene insistir una vez más: el socialismo nos hace peores personas.
